El debate sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) ha llegado a un punto de quiebre en el Congreso Nacional. Ya no se trata solo de técnica policial o militar; es una batalla política abierta entre el gobierno y la oposición. La diputada Lorena Pizarro, del Partido Comunista de Chile, no ha escatimado en críticas duras: califica la iniciativa como "un engendro" que busca legitimar futuras violaciones a los derechos humanos.
La tensión es palpable en el hemiciclo. Pizarro advierte que estamos ante un "retroceso brutal" que institucionaliza la desigualdad. Según su análisis, lo que se aprueba no es seguridad ciudadana, sino una herramienta para reprimir movimientos sociales. El proyecto lleva más de dos años en tramitación legislativa, un periodo inusualmente largo que refleja la profundidad de las discrepancias existentes.
Una ley que divide al país
Aquí está el problema central: el texto propuesto por el ejecutivo establece normas generales para el uso de la fuerza tanto para personal de seguridad pública como para las Fuerzas Armadas en tareas de orden público o custodia de infraestructura crítica. Pero la forma en que se aplica es lo que genera el conflicto.
Pizarro sostiene que este marco legal crea una institucionalidad profundamente desigual. "Estamos instalando una institucionalidad que... legitima la represión a los movimientos populares y sociales", declaró la legislada con firmeza durante sus intervenciones parlamentarias. Para ella, el riesgo no es hipotético; es inmediato y estructural.
Lo curioso es que incluso dentro de la coalición de gobierno hay fisuras. Las fuentes indican que la tramitación se ha estancado en su fase final de discusión precisamente porque ni el gobierno logra convencer a todos sus aliados, ni la oposición encuentra un terreno común. Es un callejón sin salida legislativo.
La estrategia judicial de la oposición
Si el Congreso aprueba la norma tal cual está planteada, la lucha no terminará ahí. Pizarro ha dejado claro cuál es el siguiente movimiento táctico. "Cuando se dicte y se firme la ley por parte del Gobierno, vamos a recurrir a tribunales internacionales", anunció.
La diputada argumenta que las instancias nacionales ya han sido agotadas para intentar modificar o detener lo que ella considera una monstruosidad jurídica. Además, planean presentar un recurso de "téngase presente" ante el Tribunal Constitucional. El objetivo es alertar formalmente a los magistrados sobre la supuesta inconstitucionalidad de permitir violaciones a los derechos humanos bajo esta nueva normativa.
Es una jugada arriesgada pero calculada. Llevar el caso a organismos internacionales suele ser el último recurso cuando las vías domésticas parecen cerradas. La pregunta es si esto acelerará el debate o lo congelará aún más.
El debate sobre la "fuerza diferenciada"
Hay un detalle técnico que ha encendido las pasiones: la aplicación diferenciada de la fuerza. El gobierno propone que las reglas deben considerar especificaciones especiales cuando haya presencia de niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas de diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o adultos mayores.
Suena bien en teoría, ¿no? Proteger a los más vulnerables. Sin embargo, sectores de la oposición han acusado al ejecutivo de "fanatismo ideológico" por incluir estas categorías específicas. Argumentan que la ley debe ser ciega y aplicar igual para todos, independientemente de su identidad o condición.
Para Pizarro y su bancada, esa distinción no es protección, sino una excusa para justificar niveles variables de violencia estatal dependiendo de quién esté protestando o siendo detenido. Es un matiz fino, pero crucial para entender por qué el tema sigue tan polarizado.
Alternativas: "A cumplir con Chile"
Mientras discuten las reglas de la fuerza, la izquierda parlamentaria presenta otra cara de la moneda. Junto a Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde e independientes, presentaron siete proyectos de ley agrupados bajo el título "A cumplir con Chile".
Estos iniciativas buscan abordar necesidades sociales amplias, temas que formaban parte de las promesas programáticas del gobierno actual pero que han quedado relegadas. Pizarro conecta estos puntos directamente con la seguridad: "La justicia social también es parte fundamental para contener y controlar el crimen organizado".
La lógica es clara: sin resolver las causas estructurales de la inseguridad, ninguna regla de uso de la fuerza será efectiva. Es un enfoque integral frente a uno puramente represivo. Aunque, hasta ahora, parece que no encuentran eco en las altas esferas del poder ejecutivo.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es exactamente el proyecto RUF?
Las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) son un conjunto de normas legales que regulan cómo y cuándo el personal de seguridad pública y las Fuerzas Armadas pueden emplear la fuerza física en tareas de orden público o custodia de infraestructura crítica. El proyecto busca estandarizar estos procedimientos, pero su contenido específico ha generado fuertes divisiones políticas.
¿Por qué Lorena Pizarro critica tan duramente la iniciativa?
Pizarro considera que el proyecto actúa como una "legitimación" de futuras violaciones a los derechos humanos. Argumenta que establece un marco institucional desigual que facilita la represión de movimientos sociales y populares, describiendo la situación actual como un "retroceso brutal" en materia de garantías constitucionales.
¿Qué acciones tomará la oposición si se aprueba la ley?
La diputada ha anunciado que recurrirá a tribunales internacionales de derechos humanos una vez que el gobierno firme la ley. Además, presentarán un recurso de "téngase presente" ante el Tribunal Constitucional para alertar sobre las presuntas inconstitucionalidades y permisos implícitos para violar derechos fundamentales.
¿Qué significa la "aplicación diferenciada" de la fuerza?
Se refiere a la propuesta gubernamental de adaptar el uso de la fuerza según la vulnerabilidad de las personas involucradas, considerando factores como edad, género, discapacidad, migración o etnia. Mientras el gobierno lo ve como protección, la oposición lo califica de "fanatismo ideológico" y teme que sea usado para justificar disparidades en el trato policial.
¿Qué son los proyectos "A cumplir con Chile"?
Son siete iniciativas legislativas presentadas conjuntamente por el Partido Comunista, Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde e independientes. Buscan abordar demandas sociales pendientes y vinculan la justicia social con la reducción del crimen organizado, ofreciendo una alternativa al enfoque puramente represivo del proyecto RUF.